Tras las críticas contra Kim Jaejoong de JYJ por anunciar falsamente un diagnóstico de COVID-19 el Día de los Inocentes, un medio de comunicación ha hablado con un representante de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea (KCDC) sobre lo que podría suceder a continuación.
El 1 de abril, Kim Jaejoong declaró a través de Instagram que dio positivo por COVID-19. Más tarde editó su publicación para decir que esto no era cierto, y luego publicó una carta de disculpa en la que explicaba que su intención había sido promover la conciencia sobre la gravedad de la pandemia. Una fuente del departamento de KCDC que está a cargo de las medidas preventivas contra el COVID-19 habló con el medio Star News más tarde ese día.
“Actualmente estamos investigando el caso de Kim Jaejoong”, dijeron. “Implica la difusión de información falsa, por lo que estamos discutiendo cómo se llevará a cabo exactamente el castigo”.
Explicaron: “Es posible castigar a aquellos que son denunciados por incitar caos haciendo continuamente bromas telefónicas maliciosas a las autoridades de prevención de epidemias, sin embargo, este caso es algo hecho por una celebridad en las redes sociales, por lo que parece que se requiere más discusión interna”.
El 1 de abril, Kim Kang Rip, primer coordinador jefe de la Sede Central de Contramedidas de Seguridad y Desastres, declaró en una sesión informativa: “El 1 de abril es el Día de los Inocentes, que se originó en Occidente, sin embargo, actualmente estamos en un momento muy serio”. Advirtió contra las bromas diciendo: “Nuestra sociedad no está en un lugar donde podamos aceptar bromas o información falsa”.
Star News señaló que, si bien Kim Jaejoong no hizo una llamada de broma, ha sido criticado por potencialmente causar caos al publicar información falsa en las redes sociales como una celebridad con mucha influencia. Se ha presentado una petición en el sitio web presidencial de la Casa Azul titulada “Castiguen a la celebridad Kim por su broma del Día de los Inocentes”.
El establecimiento declara que, de acuerdo con la ley actual, si alguien engaña a un empleado o institución del gobierno y, por lo tanto, interrumpe el desempeño de sus funciones, podría enfrentar un máximo de cinco años en prisión o una multa de un máximo de 10 millones de wones (aproximadamente $8,090). Este acto se conoce como una “obstrucción del desempeño de los deberes oficiales por medios fraudulentos”.
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